Roger Iziga-Goicochea, Hozmara Rocío Torres-Acosta
La calidad educativa en el Perú es un tema de vital importancia para el desarrollo del país. Con la aplicación del decreto supremo Nº 004-2008-ED, que establece como requisito para la contratación de personal docente pertenecer al tercio superior de estudios, el Ministerio de Educación pretende dar un paso importante para lograr esa calidad que, dadas las condiciones actuales, no es mas que una utopía.
El Ministro José Antonio Chang Escobedo, ha señalado que es totalmente irracional que se promueva en el país una política de tercios inferiores. Los que promueven que los estudiantes no alcancen el tercio superior están promoviendo una cultura de la mediocridad en nuestra patria, dijo el Ministro. Descartó además que la medida sea discriminatoria y recordó que la norma anterior permitía que existan docentes contratados en la escuela pública pese a que se graduaron últimos en su promoción y en institutos pedagógicos de mala calidad.
Por otra parte la dirigencia del SUTEP señaló que el D.S. Nº 004-2008-ED, promulgado por el Ejecutivo y que faculta a las instituciones educativas a contratar sólo a docentes ubicados, al egresar de las Instituciones Educativas Superiores, en el tercio superior, es una norma inconstitucional y antidemocrática porque es excluyente y vulnera derechos del magisterio amparados en la Ley del Profesorado y la Ley General de Educación, además de sentar un pésimo precedente para evitar someter a concurso público, en condiciones de igualdad y transparencia, las plazas vacantes para ejercer la docencia.
Un análisis de la coyuntura nos permite poner en relieve las siguientes cuestiones. Es cierto que con relación al reclutamiento de docentes para el ejercicio de la carrera pública magisterial, el sistema educativo a través de sus autoridades no ha tomado en cuenta prioritariamente la selección de los mejores profesores en función de sus meritos académicos y personales. El sistema educativo peruano no privilegia ni premia a sus mejores cuadros académicos e intelectuales para que ejerzan la función de maestros, ya sea en las escuelas públicas o en las universidades. Por el contrario, el sistema a través de sus autoridades, funcionarios y representantes sindicales que participan en los procesos de selección ha demostrado en la práctica que los criterios que predominan para escoger los cuadros docentes son el clientelismo político, el amiguismo, el tarjetazo y el dinero en mano. No es una práctica habitual y concreta en el sistema estatal, a nivel de todas sus instituciones, utilizar los criterios de mérito y calidad para la selección de personal. Es más, podríamos decir que el aparato estatal, que incluye a los servidores públicos del sector educación, está diseñado para que una mayoría conformada por personas mediocres e incompetentes ejerzan la labor de funcionarios en todos los niveles. Allí podemos encontrar una de las razones que mantienen la crisis y la pobreza del sistema educativo peruano.
Por otra parte hay que recordar que fue en el primer gobierno del APRA (1985-1990) que ingresaron al magisterio como profesores nombrados una gran cantidad de seudo docentes, que en muchos casos solo tenían quinto de secundaria sin estudios pedagógicos, pero que ostentaban el único mérito de ser compañeros apristas. Esos "profesores" siguen ejerciendo sus labores hasta el día de hoy, y en el transcurso de los años han demostrado que siguen siendo tan incompetentes y mediocres como lo fueron en el momento de su nombramiento. Y esos mismos "profesores" han tenido y tienen una enorme cuota de responsabilidad por los terribles resultados que en materia educativa exhibimos en la actualidad ¿Por qué no aplicaron los apristas el mismo criterio de selección de los mejores cuadros en aquella oportunidad?
El proceso de selección de docentes, ya sea para nombramiento o contrato, debe ser totalmente limpio y transparente, de tal manera que no se genere ningun tipo de suspicacia o duda sobre el mismo. Además, los criterios que deben predominar para la selección son en lo fundamental los méritos académicos y personales de los concursantes. Si no se garantiza que el proceso de selección tenga como resultado que los mejores cuadros docentes sean los que vayan a ejercer las funciones de maestros en las escuelas de todo el país, entonces estamos hablando de una gran farsa. La enorme falta de credibilidad institucional en el sector educación no garantiza en lo absoluto transparencia y objetividad en la selección. Esta falta de credibilidad es en lo esencial una cuestión de personas, de profesionales, de funcionarios. Y ese es otro de los elementos que forma parte del problema ¿quiénes son los seleccionadores? ¿son funcionarios intachables, objetivos, imparciales? ¿también pertenecen ellos al tercio superior?
Lamentablemente el Ministerio de Educación, a través de sus funcionarios, asi como también el sindicato de educación y sus representantes, carecen de credibilidad y confianza en este sentido. Por lo tanto, están incapacitados profesional y moralmente para garantizar un proceso de selección limpio y transparente. Muchos funcionarios, llamese directores de colegios, directores de UGEL, o representantes del SUTEP, son conocidos por formar parte de las mafias internas que cobran coimas, reciben sobornos, favorecen el clientelismo en los procesos de nombramiento o contrato para beneficiar a conocidos, familiares, amigos o compañeros de partido. Con ese tipo de gente metida en el proceso de selección, no hay ninguna garantía de limpieza y transparencia.
Si realmente se quiere hacer una verdadera reforma educativa, las acciones que se tienen que tomar para transformar el sistema tienen que ser realizadas en diferentes flancos. Por un lado, hay que garantizar la limpieza y transparencia en el proceso de selección sacando a los corruptos que están involucrados, y que hoy por hoy siguen haciendo de las suyas enquistados en la estructura del sistema. Por otro lado hay que hacer del reconocimiento al mérito una práctica institucional. Hay que premiar realmente a los mejores profesionales. El tema económico y presupuestal también es fundamental. Si no hay una inversión significativa en recursos económicos para el sector educación, estamos hablando de hacer cambios cosméticos e intrascendentes. Y con el tema económico viene el tema de la gestión y uso eficiente de esos recursos.
Tal como están planteadas las cosas, este D.S. Nº 004-2008-ED no garantiza la mejora de la calidad educativa. Si analizamos la cuestión relacionada con la priorización del requisito de pertenecer al tercio superior, veremos que esa valla es muy fácil de saltar en un sistema corrupto como el nuestro. Son las universidades o los institutos los encargados de emitir para sus egresados las constancias de pertenecer al tercio superior ¿quién garantiza que realmente se estén emitiendo la constancias para ese tercio superior?
Por ejemplo, el tercio superior implica que de un total de 90 egresados de alguna institución, solamente 30 deberían recibir esa constancia en función de los promedios ponderados más altos. Pero si la institución decide entregar constancias de tercio superior a todos los que tienen un promedio mínimo de 12, entonces el requisito del tercio superior no necesariamente se cumple, pues podrían recibir la constancia no 30 sino 80 egresados. Y esto es lo que está sucediendo hoy mismo en muchas instituciones. Están entregando constancias de tercio superior a todo el mundo; por lo tanto resulta que todos o una gran mayoría van a pertenecer, al menos en el papel, a ese tercio ¿Quién fiscaliza esta situación en las instituciones que emiten las contancias? ¿qué garantiza que solamente reciban la contancia aquellos que realmente lo merecen?. En última caso, si un egresado no obtiene una constancia de pertenecer al tercio superior por parte de la institución de la que egreso, puede acudir al Jirón Azángaro para que se la entreguen allí.
Ahora bien, la evaluación de los méritos académicos y profesionales no solo es una cuestión que tiene que ver con haber pertenecido o no al tercio superior. También hay que considerar otros criterios como la trayectoria, la productividad académica, los reconocimientos profesionales, el nivel de conocimientos, la salud mental y el equilibrio sicológico, etc. El requisito del tercio superior es y debe ser uno de los varios criterios a utilizar, pero no es el único ni el más importante dentro de un proceso de selección de los mejores.
En suma, con este tipo de medidas no se van a solucionar los graves problemas de la educación peruana. Y viendo el panorama actual, no existe la voluntad política de arrancar de raíz los viejos males que infectan el sistema educativo. Somos testigos una vez más de como los políticos desarrollan un discurso para impresionar al público, pero en el fondo no se realizan acciones trascendentes para iniciar un genuino cambio, como por ejemplo en el campo de la lucha contra la corrupción, los malos manejos, los funcionarios incompetentes y corruptos. Hay muchos intereses personales de por medio, muchos privilegios y dinero en juego, como para que las autoridades quieran hablar de una verdadera reforma educativa. Y en este plan el Perú seguirá gracias a sus dirigentes en materia de educación en su merecido lugar, es decir en los últimos puestos en América Latina.
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